España: asignatura escolar Educación para la Ciudadanía, en la que prima la no discriminación

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) es el nombre de una asignatura, que se imparte desde el 2006 en España, diseñada para el último ciclo de la Educación Primaria y toda la Educación Secundaria en España por el Parlamento Español de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación. Los sectores conservadores se oponen a que se imparta, porque se enseña a los jóvenes la aceptación, tolerancia y no discriminación a las minorías, sobretodo a los LGTB's.

Tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable. Asimismo, busca promover una sociedad libre, tolerante y justa, además de contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de Derecho, que constituyen los fundamentos de la democracia.

Cumple con la recomendación del Consejo de Europa en el año 2002, que incita a los Gobiernos de los Estados miembros que hagan de la educación para la ciudadanía democrática un objetivo prioritario de las políticas y reformas educativas.

Aspectos polémicos
Esta asignatura ha despertado recelo entre sectores conservadores españoles, porque asumen que el Estado asume la educación moral de los individuos. El Partido Popular, principal partido de la oposición, y los Movimientos de Renovación Pedagógica han criticado el formato de la asignatura. El pleno del Consejo Escolar del Estado también se mostró contrario a dicha materia. Sin embargo, el gobierno sostiene que la asignatura servirá para educar "en valores democráticos y de tolerancia".

Varios estudios de ONGs como Amnistía Internacional ven de forma positiva la existencia de materias de este tipo, y recuerdan que la asignatura es un paso correcto para lograr una educación en derechos humanos en sintonía con el resto de Europa.

Aunque destacados dirigentes de la Iglesia Católica se han opuesto a ella, tachándola de totalitarista, otras asociaciones educativas de marcado carácter conservador no ven con malos ojos la medida, ya que entienden que el currículum propuesto por el gobierno no sobrepasa la mera enseñanza de los Derechos Humanos más elementales.

En algunos colegios existen padres que han solicitado la objeción de conciencia ante la nueva asignatura. Por su parte, el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, señaló que los centros que impartan esta asignatura "colaborarán con el mal". Los colegios concertados católicos impartirán la asignatura.

Críticas ideológicas
Los puntos más criticados por algunos sectores, fundamentalmente católicos, son los que se refieren a la enseñanza sobre familias multiparentales u homosexuales mediante una visión alternativa de los valores tradicionales (algunos sectores consideran que incluso ridiculizan estos valores tradicionales), la obligatoriedad de la asignatura, y el fin laicista y de adoctrinamiento estatal que se derivaría de la misma.

Los sectores críticos con esta asignatura afirman que se pretende sustraer a los padres el derecho a decidir la educación moral para sus hijos. En esta asignatura -siguiendo esta argumentación- ya no son los padres los que deciden qué enseñanza moral se va a dar a los hijos, sino que será el Estado quien decida este punto. Argumentan que en la Constitución Española "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones" (art. 27, 3). Sin embargo, otros colectivos recuerdan que, de manera complementaria, la Constitución Española establece la obligatoriedad de la enseñanza básica (art. 27,4) y que ésta tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (art. 27,2).

Otra crítica es que la transposición de la recomendación del Consejo de Europa, en que se basa el gobierno para introducir esta asignatura, se ha efectuado con una carga ideológica de la que aquella carecía. Los que defienden esta argumentación señalan que la educación en derechos humanos y valores democráticos es necesaria, pero esta asignatura se posiciona con una determinada ideología en contra del derecho de los padres. Otros sectores niegan estas acusaciones, y argumentan que en los contenidos mínimos de la asignatura establecidos por los reales decretos no se encuentra ningún planteamiento ideológico ajeno al propiamente implícito en los principios positivos de la Constitución, los Derechos Humanos y las leyes democráticamente aprobadas por el Parlamento Español.

Comentaristas de Actualidad Económica, revista económica del mismo grupo que el diario El Mundo, afirman que en algunos manuales de la asignatura se vierten prejuicios contra los empresarios y el libre mercado. Sin embargo, ninguno de esos manuales es impuesto desde el Gobierno, porque en España no existen libros de texto oficiales, sino que los órganos de coordinación didáctica de los centros tienen libertad para adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas. El Partido Popular también se ha mostrado contrario a la asignatura. En palabras de Alicia Delibes, viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid: "Se trata de una educación con un contenido moral y político, de un sesgo muy determinado. La izquierda pretende conducir la voluntad de los niños y moldear sus conciencias."

Batalla judicial
La negación del gobierno a admitir la "objeción de conciencia" en esta materia ha motivado críticas por parte de los opuestos a la asignatura. En este sentido, los tribunales superiores de justicia de Cataluña y Asturias rechazaron dicha posibilidad al considerar que ni la regulación jurídica ni los contenidos de la asignatura vulneran los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictaminó que esta materia "no incide en valores religiosos sobre posiciones morales o ideológicas". También, el Tribunal Supremo de Cantabria resolvió negar la objeción de conciencia al considerar frente al recurso de dos alumnas que EpC es un "mínimo referente ético" basado en la Constitución. Por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admitió a trámite en marzo de 2008 el recurso presentado por cinco particulares contra la asignatura. En mayo de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra rechazó suspender cautelarmente la obligatoriedad de la asignatura, a la espera de dictar sentencia sobre el asunto.

El 28 de enero de 2009 el Tribunal Supremo, tras dos días y medio de deliberaciones, se pronuncia a favor de la asignatura por 22 votos a favor y 7 en contra, dictaminando que no cabe la objeción de conciencia contra esta.

(Fuente: Wikipedia.es)